“Ver el mundo en blanco y negro nos aleja de la moderación y de la paz interior porque la vida, por donde se mira, está compuesta de matices.

Querer imponer al universo nuestra primitiva mentalidad binaria no deja de ser un acto de arrogancia y estupidez.”

Walter Riso.

miércoles, 28 de noviembre de 2012

¿Hasta dónde llega la homofobia de la Iglesia Católica?



La Iglesia Católica ha convertido a la comunidad LGBT en uno de los chivos a satanizar. Algo similar a lo que hizo con los judíos durante la edad media y hasta la década de los 60 del siglo XX.
Para refrescar la memoria la siguiente revisión dará respuesta hasta donde llega la homofobia de la ICAR.

¡Matrimonio jamás!

Como hemos comentado en muchas entradas anteriores la ICAR no está de acuerdo, ni lo ha estado, en los nueve países (a junio de 2010) en donde la institución del matrimonio está abierta a hetero y homosexuales.

Si bien es cierto que la familia es el núcleo de nuestra sociedad, el matrimonio es un contrato social en el que hay derechos y deberes. El matrimonio dejó de ser el "derecho que obtiene una mujer para poder ser madre en la legalidad", que es lo que significa etimológicamente la palabra "matrimonium", para pasar a ser el reconocimiento legal a una pareja que se ama, que desea vivir junta y contraer responsabilidades como pareja, así como beneficios patrimoniales y de seguridad social bajo el amparo de la ley.

Tras décadas de estudios sabemos ahora que la orientación sexual homosexual, como la heterosexual, no se elige y responde a unos factores psíquicos y biológicos (quizás genéticos) difíciles de descifrar. Sabemos también que la homosexualidad se da y se ha dado en todas las culturas y en todos los tiempos, y más importante aún, que no es una perversión ni un trastorno psicológico, o una enfermedad mental. Todo esto debe, como humanistas, motivarnos a estar del lado de una minoría que por siglos ha sido discriminada y humillada.

No obstante la ICAR asume que la institución del matrimonio les pertenece, como si fuera una misa. No importa que los matrimonios que se plantean en los congresos de naciones supuestamente laicas, sea de naturaleza civil. No. La Iglesia muestra sus dientes y garras.

De forma clara el Cardenal Bergoglio refiriéndose al debate sobre matrimonios civiles puntualizó:
"No se trata de un mero proyecto legislativo (éste es sólo el instrumento) sino de una movida del padre de la mentira que pretende confundir y engañar a los hijos de Dios", afirmó el cardenal en la misiva. El ensotanado atribuyó el proyecto a "la envidia del Demonio, por la que entró el pecado en el mundo, que arteramente pretende destruir la imagen de Dios: hombre y mujer que reciben el mandato de crecer, multiplicarse y dominar la tierra".

Afirmaba recientemente el Obispo de San Luís Argentina, Monseñor Jorge Luis Lona, que "Si fuera aprobado este proyecto de ley, el prestigio del matrimonio como institución caería aún más. Si todo es matrimonio, nada es matrimonio. Se iría perdiendo cada vez más, el ‘capital social’ que es la familia matrimonial, reserva fundamental de nuestra sociedad" 

Aunque el Congreso argentino, al que se refiere Lona, no dirá que cualquier cosa en un matrimonio, pero para el prelado las razones de amor de pareja, respeto por la diferencia e igualdad de oportunidades, no caben en su cabeza.

Queda claro que a los matrimonios se opone la Iglesia. ¿Pero, permitiría una "unión civil", un tipo de figura legal que no involucre el sustantivo "matrimonio"?

Uniones civiles, tampoco

La respuesta nos viene también de la actitud de la ICAR en Irlanda, en este año (2010) en el que se aprobó la unión civil entre personas del mismo sexo.

Allí Sean Brady, Arzobispo de Armagh y Primado de Irlanda, pidió a sus feligreses oponerse a esta ley porque " la Ley natural no puede ser violentada por normas legislativas"

Puesto que miles de parejas de gays y lesbianas viven en desventaja por no poder afiliar a sus conyugues al sistema de salud o de pensión, o que estas pudieran heredar los bienes adquiridos por la pareja, se podría pensar que al menos la Iglesia Católica permitiría una ley de derechos patrimoniales ¿lo permite?

Derechos patrimoniales: No!

En este caso un monseñor colombiano mostró en 2006 que la Iglesia tampoco tienen consideración por la salud o el bienestar de estos ciudadanos.

El arzobispo de Tunja, Monseñor Luis Augusto Castro, dijo tajantemente en esa ocasión que "No estamos de acuerdo con este proyecto, porque no es otra cosa que un matrimonio camuflado. Es un golpe tremendo para la familia"

En debate ante el Congreso de la República afirmó:

(…) La Iglesia tampoco acepta el reconocimiento jurídico de las parejas homosexuales, pues no existe ningún fundamento para asimilar o establecer analogías, ni siquiera remotas, entre las uniones homosexuales y el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia, célula primaria de la sociedad y agrupación humana pues da origen a otros seres humanos.

(…) A las parejas matrimoniales, el derecho civil les confiere un reconocimiento institucional porque cumplen el papel de garantizar el orden de la procreación y son, por tanto, de eminente interés público. Las uniones homosexuales, por el contrario, no exigen una específica atención por parte del ordenamiento jurídico, porque no cumplen dicho papel para el bien común. (…)

¿Si la Iglesia no aprueba una protección legal a las parejas homosexuales, los respeta y no discrimina?

Respeto y no discriminación... de dientes para afuera si, en la práctica no.

Aunque los obispos hablan de amor al prójimo y que no hay que discriminar a los homosexuales realmente discriminan y fomentan el odio.

En España, el gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero, creó y reglamentó una asignatura llamada "Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos". En dicha materia se busca que los estudiantes respeten a todos los ciudadanos. Esto especialmente se ve en un bloque denominado "Aproximación respetuosa a la Diversidad", lo que inevitablemente lleva a que se hable del respeto a las personas homosexuales.

La reacción de la Iglesia a esta asignatura fue virulenta. El Arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, llegó a decir que esta asignatura “invade totalmente” el principio de libertad religiosa y el derecho de los padres a "determinar"la educación moral de sus hijos, ya que según él es "responsabilidad y competencia" de la Iglesia Católica "los temas que tienen que ver con la fe, la moral y la ética derivada de la fe".

Es claro que la Iglesia Católica (al igual que muchas de sus hijas protestantes) no desean que las nuevas generaciones respeten a las personas homosexuales.

La homofobia de la ICAR es tal que la Congregación para la Doctrina de la Fe, heredera de la Inquisición, pidió el 23 de julio de 1992 que los homosexuales no podían ejercer cargos como docentes o entrenadores deportivos.

Dice la declaración de la Inquisición, liderada entonces por el actual Papa:

"Existen áreas en las que no es una discriminación injusta tener en cuenta la inclinación sexual, por ejemplo la adopción o el cuidado de niños, en empleos como maestros o entrenadores de deportes y en el reclutamiento militar… La "orientación sexual" no constituye una cualidad comparable a la raza o al grupo étnico, etc., con respecto a la no discriminación. A diferencia de éstas, la orientación homosexual es un desorden objetivo".

La Iglesia realmente odia al homosexual. En sus actos lo sigue considerando un enfermo mental. Esto quedo claro cuando el 17 de junio el Obispo argentino Jorge Luis Lona despachándose contra el matrimonio homosexual y las uniones civiles afirmo que esta norma "legitimaría socialmente el desorden natural de la homosexualidad". 

¿Permitiría entonces la Iglesia que los homosexuales pudieran vivir libres en la sociedad?

Despenalización tampoco

En la India, país en el que hasta el 2009 era ilegal la homosexualidad, se opusó el cardenal Varkey Vithayathil, presidente de la Conferencia Episcopal India.

El cardenal defiende la discriminación y el mantenimiento de prejuicios contra los homosexuales. “Las leyes penales de un país defienden los mínimos morales de una sociedad. Aunque despenalizar la homosexualidad no la hace moral, la gente sí puede pensar que es moralmente permisible. El Gobierno no debería dar la impresión de que la homosexualidad está permitida”. Afirmó el jerarca católico.

En el 2008 el Vaticano se opuso furibundamente a una propuesta de la ONU para que a nivel internacional se despenalizará la homosexualidad, a pesar que en muchos lugares del mundo, como en Irán, la pena de muerte se dirige contra gays y lesbianas. El sesudo argumento esgrimido en esa época fue que eliminar la penalización de la homosexualidad “crearía nuevas discriminaciones”

¿Pues si no permite matrimonio, uniones civiles, leyes patrimoniales, educación contra la discriminación, que puedan incluso laborar en ciertos ámbitos, o que no sean llevados a la cárcel, qué es lo que desea la Iglesia Católica para los homosexuales?

La respuesta es fácil. La hoguera y los trabajos forzosos. Quizás también muchas de sus monstruosas torturas con las que se deleitó en la Edad Media.

A partir del año 342, poco después de hacerse el cristianismo religión del Imperio Romano (lo que ocurrió en el 313), los actos homosexuales se empezaron a castigar con la pena de muerte. Sin embargo, durante los 800 años siguientes, los actos homosexuales, se consideraron un vicio menor, atribuidos a una lujuria excesiva. No obstante, durante el siglo XIII la homofobia en intensificó, cuando la sodomía era considerada una herejía, y los gobiernos empezaron a aprobar leyes para castigarla severamente. Este fervor homofóbico tuvo su éxtasis desde 1478 hasta 1778 cuando la Inquisición condenó a muerte a los homosexuales en España y sus colonias.

Algunas de sus víctimas fueron Jeronimpo de Bergamo, Alessandra Fiorentina y Madonna Caterina, colgados y quemados por homosexualidad el 22 de diciembre de 1557; Gabriello di Thomaien, quemado vivo por homosexualidad el 8 de febrero de 1559; y 13 herejes más un alemán de Augusta, acusados de homosexualidad, quemados vivos el 17 de febrero de 1559.

Entre 1566 y 1775 en el tribunal de la santa Inquisición en Valencia se procesaron por sodomía 359 personas, de las cuales solo 62 fueron absueltas. Los castigos incluían multas, arrestos, azotes, reclusión, trabajos forzados y la condena a las galeras. Siendo este último el que más frecuentemente se aplicó.

Definitivamente de no haber sido por el contrapeso histórico de la Ilustración, la declaración de los derechos del hombre, el laicismo y el secularismo subsiguiente, la Iglesia Católica aún tendría las fauces y las garras rojas con la sangre de sus contradictores, y seguiría quemando homosexuales, porque ya no hay barcos galeras impulsados por remos.

La construcción de una sociedad respetuosa con todas las minorías lleva ineludiblemente por la construcción de una sociedad laica y democrática. La religión, o mejor, todas las religiones, deben quedar en la esfera personal, sin influencia legislativa, a fin de que la discriminación y la homofobia puedan superarse definitivamente.

miércoles, 14 de noviembre de 2012

Movimiento LGBT, política pública y participación (Resumen).



Movimiento LGBT, política pública  y participación

Los orígenes del movimiento LGBT en Colombia se remontan a finales de la década de  1970 con tímidas incursiones, pero que sentaron las bases para un colectivo mucho más fortalecido como el que actualmente puede observarse en Colombia y específicamente en Bogotá.

El movimiento discurre entre organizaciones no gubernamentales (ONG), sectores de partidos políticos y alianzas interesantes entre varias de las ONG y la academia. La reivindicación de derechos que el Estado, fundamentalmente en Bogotá, viene haciendo hacia este colectivo, suma a los espacios mencionados, escenarios dentro de la administración estatal que completan el conjunto de espacios con los que cuenta el movimiento actualmente.

Esto se entronca con la realidad que ha vivido Colombia a partir de la década de 1980, en la que entran al escenario de la participación todo un grupo de actores sociales “nuevos”, más relacionados con las acciones ciudadanas que con los procesos de participación político partidista tradicionales.

“(…) Lo interesante es que comienza a aparecer en el universo de agentes participativos un conjunto de líderes nuevos (mujeres, algunos jóvenes, minorías étnicas, adultos mayores que nunca se habían proyectado en el escenario público) que pretenden renovar las estructuras tradicionales de liderazgo (…)” (Velázquez y González, 2003:24).

Para poder entender el panorama participativo actual del colectivo LGBT en Bogotá se debe hacer una inevitable referencia a la Política Pública LGBT (PPLGBT). El concepto de “política pública” puede denominarse como polisémico, es decir que posee múltiples significados. Sin embargo acordando con Salazar Vargas (2008:45), se puede entender a las mismas como  “el conjunto de sucesivas respuestas del Estado frente a situaciones consideradas socialmente como problemáticas”. 

En este sentido la ciudad de Bogotá se muestra como pionera a nivel país, a la hora de buscar a través de normas, la equidad de derechos reconociendo a este sector de la población como vulnerable, y por tal, pasible de políticas específicas que garanticen sus derechos.

Puede decirse que el inicio de las acciones que buscan garantizar, proteger y restituir los derechos del sector LGBT en Bogotá, comienzan durante la administración del ex Alcalde Luis Eduardo Garzón (2004-2008), con el objetivo de definir los lineamientos para la Política Pública. Para ello se conformaron distintas instancias como el “Comité Interinstitucional para la Construcción de Lineamientos de  Política Pública de Derechos para las Personas LGBT” (Secretaría Distrital de Planeación, Alcaldía Mayor de Bogotá, 2008).

Este proceso culminó con la definición de los lineamientos generales recogidos en el “Decreto 608 de 2007”. El mencionado Decreto crea el “Consejo Consultivo”, de ese modo se territorializa la acción de la organización social; la política pública institucionaliza y fortalece muchos de los espacios espontáneos y referentes LGBT que ya venían trabajando en la ciudad, y crea otros nuevos.

Desde ese tiempo a la actualidad se han desarrollado acciones de importancia que consolidan el inicio de la implementación de la Política Pública bajo la administración del Alcalde Samuel Moreno (2008 a la actualidad). Entre ellas se puede mencionar la inclusión en el “Plan de Desarrollo Bogotá Positiva para Vivir Mejor”. El jueves 12 de marzo de 2009 en sesión plenaria del Consejo de Bogotá, fue aprobado el Acuerdo N° 126 de 2009, ratificado el 1° de abril  por el Acuerdo 371 de 2009,  "por medio del cual se establecen lineamientos de política pública para la garantía plena de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros   - LGBT  - y sobre identidades de género y orientaciones sexuales en el Distrito Capital";  elevando así el estatus del Decreto 608 de 2007 que aún no había tenido aplicación en la ciudad (Secretaría Distrital de Planeación, Alcaldía Mayor de Bogotá, 2008).

El logro de la PPLGBT estuvo mediado por el trabajo conjunto de las organizaciones LGBT que encontraron un espacio de concertación a partir del año 2003, evidenciando esta interacción la pluralidad de visiones y en definitiva la constitución de una construcción social, en tanto surge de la sociedad civil (representado por los grupos LGBT) y el Estado.

Así, la PPLGBT es un interesante ejemplo de convergencia de las dos vertientes en las que se ha desarrollado la democracia participativa en Bogotá en la última década; y a la vez cómo esta se ha tenido que vincular con la democracia representativa para alcanzar políticas que tengan sustento legal.
Visiones de los actores locales de la participación LGBT en Bogotá Las Influencias y las motivaciones.
Visiones de los actores locales de la participación LGBT en Bogotá.

Las Influencias y las motivaciones.

En general las personas consultadas para esta investigación entienden al acto de participar desde una “participación acción” en el sentido que le dan Velázquez y González (2003), donde el hecho de participar signifique definir rumbos en la interacción con los demás. En definitiva se trata de no acudir a los distintos espacios  pasivamente, sino a tomar parte de las decisiones.

A la hora de trabajar sobre las influencias que los actores consultados han tenido respecto de la participación, se pueden resaltar dos fundamentales relacionadas con el ámbito educativo y el religioso.

Así, la mayoría de los actores consultados mencionan como muy importante las influencias obtenidas en su educación para iniciar un camino de participación, a través de la realización de actividades como representantes estudiantiles, consejeros y otras.

Sin embargo, ninguno de ellos comienza una tarea participativa en el ámbito escolar respecto de los derechos LGBT. Esto puede interpretarse porque muchos jóvenes a edades tempranas no tienen aún definida su orientación sexual claramente. A pesar de ello, y lamentablemente, según estudios realizados en Bogotá, el ámbito escolar aún no proporciona garantías en este sentido, lo que puede llevar a explicar también esta situación.

“(…) En el ámbito escolar se reproducen estereotipos negativos contra estudiantes afeminados o mujeres masculinizadas, es decir, contra los y las jóvenes que transgreden el papel masculino o femenino, considerado normal por la sociedad.

Esta situación es inquietante porque la transgresión de género es un  hecho que motiva la violencia contra este tipo de personas (…)” (Cantor, 2007: 56; 57) Rosa Inés Gómez Loaiza (2008) menciona que:

“(…) La participación estudiantil es el espacio privilegiado para consolidar y fortalecer escenarios de construcción conjunta, generar acciones sustentables, crear consensos para actuar, incluir, reconocer al otro, definir problemas comunes, potencializar  el liderazgo, fortalecer la capacidad de escucha, análisis crítico, empoderamiento, desarrollo de habilidades sociales (P:4)(…)”.

Es muy importante entonces reivindicar la importancia de este tipo de acciones mencionadas por los actores, ya que la participación en espacios como estos, incluso desde temprana edad, permite a las personas formarse desde un lugar crítico donde no sólo tenga lugar la reproducción del conocimiento, sino la formación para obtener posturas propias, que permitan forjar una personalidad comprometida con el contexto y visualizar la posibilidad de convertirse en actores de cambios y no meros reproductores o espectadores pasivos de la realidad.

Por lo tanto se hace un llamado de atención para que estos espacios de formación trabajen en estrategias de apertura e inclusión ya que por su importancia es vital que desde allí la diversidad comience a ser entendida como un componente necesario y positivo en la construcción de una ciudadanía plena.

Las competencias y los aprendizajes.

Entre las competencias más importantes, se pueden mencionar dos grandes grupos, las relacionadas con la gestión y las comunicativas.
En el primer grupo se destacan las asociadas a la generación de proyectos e ideas, así como las que se entroncan con las habilidades de negociación. La necesidad de crear nuevas ideas, proyectos de trabajo e innovaciones que empoderen al sector es fundamental, porque permite una renovación constante del movimiento y pone en el tapete no solo el planteamiento del problema, sino alternativas de solución en temas tan importantes como la reivindicación de derechos y la visibilización.

Las capacidades para poder negociar permiten que las ideas nuevas puedan ser expuestas de manera adecuada en distintos ámbitos.   En lo que refiere a las competencias de comunicación, se destacan las de la buena oratoria y también la facilidad para lograr la interacción con y entre las personas.

En relación a los aprendizajes, se destacan los que tienen que ver con la interacción o formación de redes, los que implican la necesidad de renovación, es decir un recambio constante que ayude a la permanencia del movimiento y al refrescamiento de las  ideas, y aquellos relacionados con la formación.

En el primer caso se hace hincapié en la necesidad de entender que el movimiento por sí solo no puede funcionar, al menos eficientemente, sino produce interacciones con otros sectores de la sociedad. El trabajo en red con la academia, el Estado y las distintas organizaciones del movimiento, garantizará no solo la pervivencia de este, sino la posibilidad de una incidencia mayor y valedera para alcanzar los objetivos.

En cuanto a la renovación, se menciona como importante tenerla en cuenta respecto a los discursos, las prácticas activistas y las necesidades del colectivo. Contar con información abundante y lo suficientemente clara y valedera, llevará a que estos actores sociales puedan cumplir sus objetivos pero avanzar también, a través de una interpretación de la misma, a esta renovación mencionada.

Direccionar el discurso, y las prácticas, hacia realidades más palpables por los actores que conforman el colectivo, se vuelven un desafío fundamental para que la participación funcione como un flujo circular donde cada vez más personas quieran hacerlo, aportando nuevas ideas, refrescando el movimiento, las prácticas y el sentido de participar.

“(…) somos muy poquitos para tantos espacios de participación, creo que hay que mover a otra gente,  motivar y creo que ya uno con este discurso tan acartonado, tan que no le llega al corazón de todo el mundo no lo logra…Por eso terminamos los mismos siempre con los mismos (…)” (Directora de ONG LGBTI, entrevistada en 2009).

En lo que refiere a la formación se acuerda con que la misma debe ser constante. Es necesario  estar informado correctamente para poder participar, conocer las problemáticas concretas y las aproximaciones teóricas que a través de estudios se hayan realizado, tener cercanía con las bases para conocer la realidad cotidiana y, de este modo, incorporarla al discurso y las acciones, lo que llevará a que el mismo no sea tan agobiante, o dirigido solo a activistas.

“(…) Falta vincular incluso temas de interés para la población (…) hay que enriquecer la agenda (…)”  (Funcionario público asistente al Grupo  de discusión LGBT, marzo 2010).

“(…) Hay gente que no quiere asumirse en la plaza pública. Les ofrecemos espacios muy viejos para una forma de participación muy nueva. Hay que respetar las dinámicas. La gente va a la rumba no a la asamblea (…)” (Funcionario público asistente al Grupo  de discusión LGBT, marzo 2010).

Si bien la mayoría de los actores sociales consultados pertenecen a distintos ámbitos del conocimiento y son profesionales (sobre todo de las Ciencias Sociales), la formación en lo que respecta a la participación ha sido informal y, podría decirse, “sobre la marcha”.

Las prácticas y los sentidos.

Respecto de las prácticas que realizan los actores sociales LGBT, se pueden dividir a las mismas en tres grandes apartados. El de los “usos y relaciones”, el de “la utilización de los espacios de participación en sí” y el de “los espacios o instancias en los cuáles se desarrollan estas prácticas”.

En el caso de los usos y las relaciones, surge como importante la movilización de intereses desde la administración pública. Muchos actores sociales LGBT relacionados con el  activismo, han pasado en el último tiempo a trabajar en el ámbito gubernamental ocupando distintos puestos, como ejecutores y garantes de la PPLGBT (Participación en Políticas Públicas LGBT). Esta situación ha provocado algunas controversias. Sin embargo, muchos de los funcionarios que se encuentran en estos puestos ven a esto como la posibilidad de incidir directamente en la reivindicación de derechos, y de establecer un puente interesante entre la sociedad civil y el Estado, a fin que se cumpla a cabalidad la PPLGBT.

Así mismo, dentro de los usos y relaciones, surge como importante la movilización de agendas y la inclusión de temas en las mismas para que la institucionalidad estatal responda.

Dentro de los usos de los espacios de participación en sí, surgen como importantes la movilización y, dentro de ella, la necesidad de visibilización del movimiento en sí, pero también de sus necesidades y reclamos; así como nuevamente la gestión ahora  relacionada con proyectos que conlleven a alcanzar algunos de los objetivos de la comunidad, tanto para ser afrontados en conjunto con el Estado, como con otras instancias como la academia.
En cuanto a los sentidos o fines se pueden identificar dos grandes: los políticos y los prácticos.

Dentro del sentido político se pueden observar los que tienen que ver con la “transformación”. Son aquellos relacionados con una mayor apertura social, que a través de la visibilización pueda lograr la total inclusión de los LGBT en la sociedad, con garantía plena de sus derechos.

Así mismo, se ven como fundamentales las transgresiones hacia el Estado por parte del movimiento, es decir que constantemente se estén renovando las demandas y fortaleciendo las reivindicaciones logradas, para alcanzar objetivos.

Dentro del sentido político, también se encuentran acciones de gestión, que son fundamentales para los actores consultados en muchos ámbitos. En este caso, se hace especial hincapié en las tareas de coordinación que tienen que  ver con armonizar los esfuerzos de las distintas organizaciones LGBT y las del Estado. Por otro lado, la sostenibilidad de los procesos es fundamental ya que esto da garantía a que el movimiento persista y que se obtengan frutos, en el futuro.

Por último, y relacionado con los procesos de transformación, se considera crucial separar las agendas del movimiento de las del Estado. Esto no quiere decir que no estén coordinadas sino que para poder llevar demandas al Estado, y de este modo hacer las transgresiones antedichas,  es necesario que las agendas estén separadas aunque con temas en común. De este modo se evitará una cooptación por parte del Estado hacia el movimiento,  fortaleciéndose ambos.
En lo que refiere al sentido “práctico”, se habla nuevamente de la gestión, esta vez direccionada a los procesos de divulgación, triangulación de la información, motivación y posicionamiento del movimiento y a temas específicos valiosos para él, así como el conocimiento profundo de las dinámicas y problemáticas del colectivo. Esto denota una gran preocupación por conocer la realidad de los LGBT, entendiendo que esta es la única manera de arribar a acciones y reivindicaciones valiosas para todo este recorte poblacional.

Dentro del sentido práctico también hallamos al liderazgo de quienes participan, los actores sociales mencionan que en este sentido es muy importante escuchar, aprender y, otra vez, tener buena información. Estas, más allá de ser consideradas habilidades o competencias para participar, curiosamente son interpretadas por los actores  consultados como sentidos de la misma.

• Los ámbitos educativo y religioso son los que mayores influencias siguen generando en los actores de participación. Es necesario entonces, que estos espacios trabajen en estrategias de apertura e inclusión.

• En relación a los aprendizajes, se señala la necesidad de renovación, es decir un recambio constante que ayude a la permanencia del movimiento y al refrescamiento de las ideas, y aquellos relacionados con la formación.

• El alejamiento de los intereses propios de la comunidad da como resultado que los no activistas se interesen aún menos por participar. Esto sumado a la falta de información, a que muchas personas aún no han “salido del clóset”, y a los impedimentos de horarios y mecanismos de participación tradicional sobre los que discurre la misma en la ciudad,  es lo que genera un círculo vicioso.

• Si bien la mayoría de los actores sociales consultados pertenecen a distintos ámbitos del conocimiento y son profesionales, la formación en lo que respecta a la participación ha sido informal.

• Respecto de las prácticas que realizan los actores sociales LGBT, se pueden dividir a las mismas en tres grandes apartados. El de los “usos y relaciones”, el de “la utilización de los espacios de participación en sí” y el de “los espacios o instancias en los cuáles se desarrollan estas prácticas”.

• Se necesita de una mayor apertura social, que a través de la visibilización pueda lograr la total inclusión de los LGBT en la sociedad, con garantía plena de sus derechos.

• Se considera crucial separar las agendas del movimiento de las del Estado, es necesario que las agendas estén separadas aunque con temas en común.
• Es necesario direccionarse hacia una mayor democratización de la información que lleve a que quienes no son activistas tengan acceso a las actividades, y principales temas, que se están trabajando en el área.

• Se requiere democratizar la información para que a la vez, en una especie de flujo circular, genere retroalimentación y recambios de ideas y personas. Esto conllevará a un fortalecimiento del movimiento.

Resumen sobre documento: “Participación LGBT en Bogotá: desafíos y sentires de sus protagonistas”.
Gastón Saravia*
*Geógrafo. Estudiante de la Maestría en Gestión Urbana, Universidad Piloto de Colombia, Bogotá.  Docente e investigador de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Trelew, Chubut, Argentina.

martes, 6 de noviembre de 2012

A la Opinión Pública en General!!!


Cuando se habla de derechos humanos, es común remitirse a tres principios:
La igualdad, la dignidad y la libertad; tres pilares fundamentales que sustentan un sistema de protección universal que ampara a todo ser humano, sin excepción alguna. Sin embargo, la sola existencia de este sistema no es suficiente para terminar con la discriminación –ese cáncer histórico, causante de las peores violencias–. Más allá del derecho, es necesario luchar cada día contra una arraigada gama de prejuicios capaces de llevar al asesinato de seres humanos por el hecho de tener un determinado color de piel, una cierta nacionalidad, una creencia religiosa cualquiera, una apariencia insólita o una orientación sexual disidente de la heterosexualidad normativa.
Más allá del derecho, nos encontraremos que estamos aún en una sociedad que en muchos aspectos linda con la barbarie y por ello mismo nos impone el deber moral de no renunciar a la lucha por erradicar, con las armas del derecho y la educación, los prejuicios que sustentan las muchas formas de la discriminación; es decir, en buena cuenta, del odio. Porque, si bien es cierto que las transformaciones de mentalidad en la sociedad se dan paulatinamente, también es verdad que el cambio debe impulsarse desde una pedagogía que implique normas de acción afirmativa, potenciando los principios de igualdad y de no discriminación.
La Comunidad Metropolitana A.C. se pronuncia ante la importancia y vigencia plenas e indiscutibles, pues reconoce que uno de los colectivos humanos más golpeados e invisibilizados por la perversa sombra de los prejuicios y los estereotipos hegemónicos en nuestra sociedad es el colectivo LGBTI (Lesbians, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex), cuya lucha por hacer realidad cotidiana los derechos que les corresponden al igual que a cualquier ser humano no puede ser más justa. Porque si las normas no hacen distinción al momento de cobrarles impuestos, someterlas a responsabilidad judicial o imponerles cargas y deberes como a todo ciudadano, por ende el tratamiento ha de ser igual también para el cumplimiento de sus derechos. Ni más, pero tampoco menos.
Es hora de que empecemos de una vez a defender sin concesiones ni retazos la esfera de la libertad individual, todos juntos, sin distinción de orientación sexual. Porque la defensa de los derechos de la población LGBTI es también la defensa de la libertad sexual y espiritual de la mayoría heterosexual, y la marginación del colectivo LGBTI significa siempre la entronización de una represión sexual y espiritual generalizada. En consecuencia, si aspiramos a ser auténticos defensores y defensoras de derechos humanos, no podemos guardar silencio cuando se violentan los derechos de todas y todos aquellos que conforman la población LGBTI y reivindican el derecho a la libertad en su esfera más íntima e intocable, aquella de la sexualidad humana, en un ejercicio de autonomía, de libertad y de pacífica rebeldía ante una sociedad y un poder establecido cuyos parámetros tienden a oprimir las manifestaciones libres y creativas del espíritu.
Por otro lado, en los últimos años, el sistema internacional ha ido reconociendo y afirmando, cada vez más, la obligación estatal de garantizar la protección efectiva para todas las personas LGBTI frente a la discriminación. Este contraste entre las evidencias de abuso y los avances jurídicos, muestra cómo la respuesta a este tipo de discriminación ha sido fragmentada e inconsistente.
A lo largo de los últimos años, la canalización de las demandas a través del fortalecimiento de los movimientos sociales, cada vez más organizados, ha sido un aspecto crucial para el reconocimiento progresivo de los derechos humanos, tanto en la sociedad como en el Estado venezolano. Sin duda, este aspecto ha revelado el compromiso social con la lucha contra la vulnerabilidad de grupos, usualmente, relegados de la creación de una comunidad nacional.
Los hechos que se relatan a continuación indican que si bien la vulnerabilidad afecta a toda la comunidad LGBTI, esta situación no se reproduce de manera homogénea. Es decir, la discriminación y el prejuicio son movilizados a partir de características específicas, que afectan en mayor o menor grado su reconocimiento como sujetos de derecho. En esa perspectiva, hay que resaltar que las comunidades trans y lésbicas encuentran mayores trabas en el goce de sus derechos, lo cual exige construir estrategias particulares para su protección.
La discriminación hacia las personas trans, se basa en un discurso exacerbado de “anormalidad”, que restringe violentamente el propio derecho a la vida y a la identidad. Por ello, no es casual que esta población sufra con mayor frecuencia actos de violencia y discriminación, además de enfrentar mayores barreras de acceso a la justicia. Esta situación exige centrar las estrategias en el reconocimiento de la identidad como base para construir una legitimidad para este colectivo, así como su integración plena a la sociedad y al sistema de protección, por lo cual se debe incidir en los procesos de cambio de nombre y sexo, exigiendo celeridad y compromiso por parte de las autoridades respectivas. Este primer paso debería permitir generar una clara consciencia sobre su dignidad personal, afianzando en el imaginario social el respeto de sus derechos.
En primer lugar, se debe señalar que frente a la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género, las respuestas del Estado venezolano no han sido integrales en el ámbito de la construcción de su política exterior y su legislación nacional, lo cual profundiza las relaciones basadas en la discriminación, sea cultural, institucional o de Estado. Esta circunstancia refuerza la presencia del prejuicio y el estigma sufridos por la población LGBTI en la vida cotidiana y en su relación con el propio Estado venezolano. Sin embargo, es importante reconocer que en algunos ámbitos ministeriales, regionales y locales, se ha establecido una tendencia a favor del reconocimiento de la lucha contra la discriminación, expresada en la formulación de normas y ordenanzas que contemplan la orientación sexual, la identidad o expresión de género.
Sin duda, estas posibilidades abren un campo de acción donde la comunidad LGBTI trabaja incesantemente, en pro de establecer un escenario que promueva sus demandas.
Por ello, es importante reforzar las estrategias de vigilancia con respecto a las acciones del Estado, en algunos ámbitos. En la Asamblea Nacional de la República, se debe centrar la atención en la ratificación de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, sin reservas o declaraciones interpretativas, sobretodo, ante la posibilidad de dejar inacabado ese proceso debido a la presencia de grupos conservadores que abogan por su no ratificación. En el ámbito ejecutivo, se debe promover la articulación de una política integral de reconocimiento de los derechos humanos de las personas LGBTI, que incluya a cada ministerio e institución pública. En el ámbito regional y/o local, se debe promover e intensificar la creación de ordenanzas y planes regionales que prohíban la discriminación por orientación sexual e identidad o expresión de género, y además, la incorporación de otros derechos, lo cual implica necesariamente, el fortalecimiento de las organizaciones LGBTI locales.
Un aspecto de suma importancia es señalar que aún persisten prácticas que atentan contra la vida y la libertad de las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex, las cuales no han encontrado mecanismos de solución y reparación efectivas dentro de las prácticas del Estado venezolano, a pesar de que existen algunas normas y herramientas jurídicas que promueven el respeto de los derechos humanos con base en la orientación sexual, la identidad o expresión de género. Estos actos de violencia se desarrollan en dos escenarios concretos: en la interacción social cotidiana y en las acciones del Estado. Frente al primero, las autoridades deben tomas medidas adecuadas para promover una cultura de respeto y tolerancia con respecto a las comunidades afectadas, y principalmente, garantizar la puesta en práctica de mecanismos para la obtención de justicia y reparación.
Frente al segundo, se debe relevar como algunos funcionarios/as públicos/as y agentes municipales, en concreto, la Policía Nacional, el CICPC y la FAN en muchas ocasiones se convierten en agresores, lo cual promueve la impunidad ante estos actos.
Ante esta situación, es vital que las autoridades cumplan con las normas existentes, tales como el Manual de Derechos Humanos aplicados a la Función Policial para prevenir y sancionar estas prácticas. De igual manera, es importante que las organizaciones LGBTI prosigan con sus estrategias de sensibilización y coordinación con los gobiernos municipales para erradicar este tipo de violencia.
En este mismo sentido, según los hechos relevados, se puede afirmar que el Estado venezolano es un agente de homofobia institucionalizada con base en el seguimiento de diversos casos que en la actualidad se encuentran siendo resueltos en los tribunales. Lamentablemente, en ninguno de ellos se ha mostrado celeridad y eficiencia, lo cual de manera clara, violenta el acceso a la obtención de justicia. Por ello, es necesario que las autoridades coloquen en el Código Penal, en los artículos respectivos a la tipificación del delito de discriminación, las causales de orientación sexual, identidad o expresión de género, todo esto, dentro de un proceso más amplio, en el cual se generen leyes afirmativas que esclarezcan la promoción de los derechos humanos de la población LGBTI, sin restricción alguna.
Esto, sin duda, garantizaría que el desarrollo del sistema de protección y garantías no esté sujeto a la libre interpretación de algunos y algunas funcionarios/as.
En la misma línea, tanto el Ministerio Público como el Tribunal Supremo de Justicia deben promover acciones claras para la defensa de los derechos de las comunidades LGBTI, haciendo énfasis en la penalización de los crímenes de odio, garantizando medidas para enfrentarlos.
LOS HECHOS:
Esta iniciativa surgió debido a la contundente evidencia presentada por la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz y la ONG Venezuela Diversa A.C el día viernes 26 de Octubre del año en curso de que existe una serie de violaciones a la dignidad de las personas, basadas en la orientación sexual la identidad o expresión de género entre las cuales se puede mencionar los asesinatos extrajudiciales, la tortura y los malos tratos, las agresiones sexuales y las violaciones, las injerencias en la privacidad, las detenciones arbitrarias, la negación del empleo o de oportunidades educativas.
Donde son atendidos un grupo de ciudadan*s que se dedican al trabajo sexual en la Avenida Libertador manifestando que fueron detenidas arbitrariamente ya que no presentaron ninguna orden de detención, ni fue en el curso de un hecho de flagrancia torturadas y maltratadas, verbal, físicamente y psicológicamente por parte de presuntos funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalista (CICPC).
L*s denunciantes presumen que este hecho pudo ser consecuencia de la investigación emprendida por el cuerpo referido de un presunto linchamiento de un ciudadano por otro grupo de “Personas Trans Trabajadoras Sexuales”.
Como Organización de Acción Religiosa que defiende los Derechos Humanos de las personas más vulneradas observamos con preocupación que algún*s de ell*s aún siguen detenid*s y han sido trasladad*s de la su-delegación del CICPC en el paraíso la división de captura del CICPC ubicada en el Rosal. Ell*s son:
1.- Dixón Jesús Hidalgo Velazco. (Nombre social: Alejandra)
2.- Ender Veliz.
3.- Daniel Eduardo Díaz Duarte. (Nombre social: Danielis)
4.- Juan Carlos Basanta. (Nombre Social: Bárbara)
5.- Nombre Social: Estrella.
Solicitamos a la Ciudadana María Mercedes Berthé, de la Dirección de protección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público lo siguiente:
Primero: Se respete y garantice el derecho de las víctimas e imputad*s garantizando el debido proceso consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Segundo: Se garantice la integridad física y psicológica de: Dixón Jesús Hidalgo Velazco “Alejandra”, Ender Veliz, Daniel Eduardo Díaz Duarte “Danielis”, Juan Carlos Basanta “Barbara” y Estrella.
Tercero: Se asigne a un fiscal con competencia en Derechos Fundamentales para representar a este grupo de personas e iniciar las investigaciones pertinentes.
Cuarto: Se les practique a Dixón Jesús Hidalgo Velazco “Alejandra”, Ender Veliz, Daniel Eduardo Díaz Duarte “Danielis”, Juan Carlos Basanta “Barbara” y Estrella el reconocimiento médico forense a fin de dejar constancia de que fueron víctimas de tortura.
Quinto: Se comisione a un fiscal de ejecución para que se traslade a la división de captura del CICPC ubicada en el Rosal y constate el estado físico y psicológico en que se encuentran las víctimas.
Solicitudes que hacemos de conformidad con el artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
*Pastor. Coordinador General
Comunidad Metropolitana Asociación Civil

Religión, Homosexualidad y Activismo

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