¿DÓNDE ESTÁN LOS DERECHOS HUMANOS DE LGBTI EN VENEZUELA?

No queremos vivir desterrados a nuestra intimidad o espacios públicos “gay friendly”, que solo construyen un apartheid ciudadano. ¿Cuál es el temor de ver a dos mujeres tomadas de la mano y besándose en las calles? ¿Cuál es el temor de ver a dos hombres constituir familia y criando hijos? ¿Cuál es el temor de ver a una persona reasignar su cuerpo en busca de la identidad que la naturaleza no supo darle?

“Querer ignorar la realidad de la diversidad -o, peor aún, tratar de anularla- significa excluir la posibilidad de sondear las profundidades del misterio de la vida humana. La verdad sobre el ser humano es el criterio inmutable con el que todas las culturas son juzgadas, pero cada cultura tiene algo que enseñar acerca de una u otra dimensión de aquella compleja verdad. Por tanto la "diferencia", que algunos consideran tan amenazadora, puede llegar a ser, mediante un diálogo respetuoso, la fuente de una comprensión más profunda del misterio de la existencia humana”. Estas son palabras de Juan Pablo II.

Privarle a una persona el derecho de criar a sus propios hijos por el sólo hecho de ser LGBTI constituye un atropello a uno de los principios básicos de los derechos humanos: de la igualdad ante la ley y el de la dignidad de la persona humana. La concepción anquilosada de familia que inspiró ese fallo, nos aleja no sólo a lesbianas, gays, bisexuales, trans e Intersex a formar familias y a criar a nuestros propios hijos, sino que sanciona a más de la mitad de las familias, las margina y las excluye. Aunque en nuestro país este caso no es el principal, ya que la violación sistemática de nuestros derechos se ven día a día en varios aspectos como el laboral, clínico, religioso, educativo, político y social.

La sistemática exclusión y llamado a que se guarde el decoro moralista de una moral decimonónica, ajena a nuestra realidad social, es la que está inspirando las políticas públicas, los fallos judiciales y las ordenes policiales, bajo el eufemismo de “ofensas al pudor, a la moral y las buenas costumbres”.

En una sociedad democrática es esencial el debate público escuchando a todos los sectores involucrados en el tema debatido. Sin embargo, nuestras organizaciones no han sido siquiera invitadas a participar en estas discusiones (como es el caso de la Asamblea Nacional). Por eso nos enfrentamos a proyectos de ley ajenos y desvinculados a la realidad que vivimos.

Que se establezca un recurso de protección especial de acción colectiva, aparte del individual, de manera que nuestras organizaciones sociales puedan denunciar y seguir las denuncias por discriminación, porque como nuestras autoridades han sostenido muchas veces, “el gobierno ciudadano es la base del Estado democrático”.

Es necesario e imprescindible que como Colectivo nos empoderemos de una lucha Social de Calle con sentido político, donde todas y todos podamos tomar los espacios públicos que por ende nos pertenecen y que no son un derecho no solo de los heterosexuales sino de Todas y Todos, como ciudadanas y ciudadanos de este país debemos hacer cumplir ese eslogan que dice: “Igualdad e Inclusión son lemas de esta Revolución”, que acabemos con ese doble discurso, hipócrita, machista, patriarcal, falocéntrico con una doble moral que en nada contribuye sino en discriminar, estigmatizar y sesgar Derechos Humanos que nos pertenecen.

Si fuésemos incluidas e incluidos en las discusiones de proyectos de leyes, en las discusiones de políticas públicas, en las gestiones que nos atañen como grupo LGBTI, ya no seríamos una minoría excluida y dejaríamos de decir -parafraseando aquella célebre frase del Poema del Mío Cid Campeador-; “Que buenas y buenos ciudadanos seríamos si tuviéramos a un buen Estado que beneficiar desde nuestra identidad”.