RELIGIÓN Y BIOPODER.

Al estudiar cómo grupos conservadores contrarios a los derechos sexuales y reproductivos han reestructurado su accionar, el antropólogo peruano Jaris Mujica observó cómo estos hacen uso de las instituciones democráticas y de la ciencia médica con fines antagónicos al derecho ciudadano.

Los grupos conservadores han variado sus estrategias. Hoy, más allá de la prédica de sus preceptos morales, se aseguran un control más efectivo del cuerpo de las personas mediante la intervención en una variedad de esferas del poder, desde la jurídica, a través de una agenda anti-derechos, hasta la del conocimiento científico y de la bioética.

En su investigación Economía política del cuerpo, al estudiar cómo grupos conservadores contrarios a los derechos sexuales y reproductivos han reestructurado su accionar para aumentar su injerencia en el campo de la biopolítica, el antropólogo peruano Jaris Mujica aporta a la comprensión de las nuevas formas en que los grupos se han organizado y han renovado sus discursos, actuando dentro de las instituciones democráticas con objetivos precisamente opuestos al derecho democrático que supone al ciudadano como sujeto de derecho.

Jaris Mujica ha publicado diversos artículos alrededor de la antropología política, poder, crimen y transgresión y es editor del libro Después de Michel Foucault. El poder, el saber, el cuerpo (Casa Sur-CEIP, 2006). Es docente del Departamento de Ciencias Sociales y del Departamento de Comunicaciones de la PUCP e Investigador del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos. Participó del Diálogo Latinoamericano sobre Sexualidad y Geopolítica, realizado por la Sexuality Policy Watch, en Rio de Janeiro. En entrevista al CLAM, Mujica habla sobre su más reciente libro Economía política del cuerpo – La Reestructuración de los Grupos Conservadores y el Biopoder

¿Cómo operan los grupos conservadores en cuestiones de sexualidad en América Latina?

Los cambios que se dieron entre las décadas 80 y 90: globalización, adelantos tecnológicos, economías de libre mercado, nuevos actores en el escenario político – incluyendo mujeres, indígenas, población pobre – y las diferentes expresiones de la diversidad sexual, obligaron a los grupos conservadores a inscribir su accionar en la agenda de derechos, la cual adquiere fundamental importancia en América Latina. Pero no lo hacen a partir del sujeto que piensa y decide, sino con sus peculiares enfoques.

En esa perspectiva, optan por ejercer influencia en el espacio público a través de diferentes organizaciones no gubernamentales que trabajan articuladamente y cada una con funciones específicas. Así, el Centro de Promoción Familiar y Regulación Natural de la Natalidad (CEPROFARENA) actúa en el ámbito médico; la Alianza Latinoamericana para la Familia (ALAFA) se encarga del tema político educativo, mientras que el Population Research Institute (PRI), del lobby institucional. Por su parte, el Opus Dei opera con la burocracia eclesiástica, el Sodalite asume la política de difusión de redes, y Tradición Familia y Propiedad ejerce gran influencia en los altos niveles de decisión.

En ese nuevo contexto, ¿cuál es el discurso que manejan las organizaciones católicas?

La esencia del discurso actualizado de las organizaciones conservadoras radica en la defensa del derecho a la vida. Como señalaba anteriormente, no desde la perspectiva del sujeto autónomo que decide, sino asumida como un bien sagrado que no pertenece a las personas, sino a Dios. Por lo tanto, la única entidad autorizada para decidir sobre ello es la Iglesia Católica, representante de Dios en la tierra, dirigida por una burocracia en la que se han enquistado los sectores eclesiales más conservadores. Por otro lado, siendo la vida un don natural, debe ser regida por “científicos morales” elegidos por la Iglesia.

Con estos planteamientos se configura un universo de control del cuerpo y la vida y la cancelación de la autonomía del sujeto responsable que toma decisiones sobre su existencia. Esto implica la suspensión de aquello que sostiene la democracia: el sujeto que piensa y decide, el sujeto de derechos.

Es decir, pretenden intervenir a través de los mecanismos democráticos existentes, pero para anular la capacidad de decisión de las personas.

Ellos utilizan el concepto básico de la democracia de derechos, sólo que de acuerdo a sus intereses y a su particular visión de la realidad. Según su razonamiento, puedes votar para elegir a un presidente, tienes derecho de consumir, pero no puedes ejercer plenamente otros derechos. Por ejemplo, una persona gay puede comprar todo lo que quiera, pero no se le concede casarse. Las mujeres tienen derecho a endeudarse y a consumir todo lo que sea posible, pero no tienen derecho a tomar una pastilla anticonceptiva de emergencia. Efectivamente, estos grupos utilizan la democracia para lograr fines no necesariamente democráticos, puesto que su posición implica la suspensión del sujeto que decide.

¿En qué otras esferas se evidencian estos afanes de control?

Sus escenarios de intervención han variado. Descubrieron que no les basta una estrategia de evangelización, una prédica que prohíba a los adolescentes tener relaciones prematrimoniales, o que afirme que ser gay es pecado, porque ven que finalmente la gente no obedece estos preceptos. Aunque no han dejado de evangelizar, esto ya no es más el centro de su actividad, sobre todo en los últimos diez o quince años. Ante la imposibilidad de controlar a las personas con una prédica que ya no tiene la misma efectividad, ahora pretenden hacerlo con la ley. Ya no pueden controlar las conciencias, pero sí pueden conseguir que las mujeres no accedan a los anticonceptivos o al aborto seguro, o pueden impedir que las parejas gays se unan formalmente. Sus organizaciones ya no son las de antes: la escuela o la catequesis, sino grupos organizados con capacidad de lobby, de cabildeo institucional, de presión política, de redes institucionales. Tienen, además, gran control sobre esos espacios, puesto que hasta la década del 70 fueron los dueños del Estado oligárquico.

¿En qué medida la vigencia del Estado laico puede contribuir a frenar el avance de esa agenda anti derechos?

Es importante la existencia del Estado laico, pero tampoco lo veamos como una panacea. En un contexto como el que vivimos se evidencia que el Estado laico no garantiza que se pueda parar el avance de los grupos conservadores en sus fines antidemocráticos. Estos emplean –paradójicamente – las herramientas del Estado democrático. La existencia de un Estado laico no necesariamente impide decisiones y leyes absolutamente conservadoras y restrictivas de la voluntad de las personas, o que se cometan atrocidades. Lo que está en el fondo del asunto es el correcto funcionamiento de la democracia, no de aquella instrumental, la de los procedimientos burocráticos, que es la que vemos en nuestros países. Otra cosa es la conciencia de la democracia: entender que ésta no es el mandato de la mayoría, ni la imposición de la ley, sino que es la conciencia del sujeto que tiene la capacidad y el derecho de pensarse a sí mismo responsablemente. Eso es lo que todavía nos falta entender y asumir.

Frente a este escenario ¿cuáles son los retos para los grupos que defienden los derechos sexuales y reproductivos?

Seguir trabajando en la difusión de nuestras propuestas y entender que la batalla también está en el campo de la política institucional y que hay que aprender a usar sus herramientas: lobby, cabildeo, redes, todos estos espacios en los que estamos involucrados pero no con toda la eficiencia que hace falta. En ese aspecto, estamos aún en aprendizaje. Los grupos pro derechos no sólo debemos construir el activismo, sino retomar el contacto con la academia, volver a pensar con las y los intelectuales que están construyendo conocimiento sobre estos campos. No podemos trabajar separados, es necesario fortalecer discursos, fortalecer el estudio político. Sin ello, el lobby es meramente empírico.